El movimiento de protesta contra la crisis de la vivienda, que llevó a cientos de miles de personas a las calles de todo el país, empujó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver el Parlamento con la esperanza de salir airoso, al menos en el terreno electoral.

Sin mayoría parlamentaria, Pedro Sánchez sabía perfectamente que, al dividir en dos decretos parte de las reivindicaciones surgidas de la calle, al menos uno de ellos no llegaría a votarse. Finalmente, ambos fueron rechazados. De repente, hemos visto a todo el Gobierno convertirse en un firme defensor del derecho a la vivienda de las clases populares frente a los fondos buitre, llegando incluso a pronunciar la palabra «capitalismo», algo que hacía tiempo que no sucedía, salvo para insistir en que no existe un sistema mejor para organizar la sociedad.

 Con el anuncio de la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, Sánchez pretende, por supuesto, desactivar la movilización y desviarla hacia un callejón sin salida. Asimismo, busca limitar el coste del descrédito de su Gobierno responsabilizando a la derecha, que votó en bloque contra las medidas destinadas a aliviar la situación de los inquilinos. Sánchez insiste ahora en la necesidad de una «mayoría progresista mucho más amplia» que le permita legislar con mayor libertad en favor de las clases populares.

Casi al mismo tiempo, el clamor surgido de las acampadas y manifestaciones, que reclamaban una huelga general, terminó dando resultado. Las organizaciones sindicales mayoritarias, UGT y CCOO, asumieron esta reivindicación y anunciaron una huelga general de un día para el 11 de noviembre.

Aunque llega tarde, cabe preguntarse: ¿con qué objetivo? Mucho me temo que el propósito de los sindicatos mayoritarios sea idéntico al del Gobierno: dar un entierro de primera clase a la movilización y convertirla en un acto más de la campaña electoral, reforzando la idea de que hay que votar, y votar bien.

Desde hace años, la vivienda figura entre las principales preocupaciones de la clase trabajadora. Una parte cada vez mayor del salario se destina al alquiler, mientras la pérdida de poder adquisitivo, la creciente precariedad laboral y el empobrecimiento generalizado agravan la situación.

Tras ocho años de gobiernos de coalición, Pedro Sánchez, sus socios dentro y fuera del Ejecutivo, así como la oposición, han demostrado que no están dispuestos a cuestionar los intereses del capital. La democracia parlamentaria burguesa no es sino una dictadura económica de la burguesía capitalista; de ahí que sus intereses se defiendan con independencia de la composición del Parlamento.

Depende de nosotros que esta jornada de huelga general se transforme en una huelga indefinida en defensa de nuestros intereses y desemboque en una crisis política capaz de poner en cuestión este sistema.