La movilización masiva en defensa del derecho a la vivienda, iniciada para frenar el desahucio de Maricarmen tras varios días de acampada y multitudinarias manifestaciones en todo el país, no solo mantiene toda su fuerza, sino que sigue creciendo.

Las movilizaciones celebradas en todo el país han señalado a los responsables: un gobierno regional al servicio del sector inmobiliario y un gobierno central cuya ley supone un regalo para las grandes fortunas y los fondos de inversión. 

Las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinos, impulsor de la movilización, se recogen en el denominado «decreto Maricarmen». Entre sus medidas se incluyen el fin de los desahucios sin una alternativa habitacional, la congelación de los alquileres vigentes —vinculada al IPC y no a subidas abusivas— y la prohibición de las compras consideradas «especulativas» por parte de los fondos buitre.

La principal propuesta es establecer la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, actualmente limitados a una duración de cinco años. El decreto también plantea una regulación efectiva del alquiler de habitaciones y de los contratos de temporada.

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar: dividió las propuestas en dos decretos. Uno incorporaba las medidas más viables, «con un pie en cada bando», mientras que el otro reunía las demandas más radicales, sin opciones reales de ser aprobado. Una decisión que, según esta crítica, evidencia quiénes gobiernan realmente: los intereses del Ibex 35.

El primero contempla, entre otras medidas, la prohibición de los desahucios hasta 2030; la restricción de las compras especulativas por parte de los denominados «fondos buitre» hasta 2028; la regulación de los alquileres vacacionales, y ventajas fiscales para los propietarios que rebajen el precio de sus alquileres. El segundo regula los contratos de alquiler de duración indefinida, siempre que ambas partes acuerden libre y expresamente dicha prórroga. La ley fija en 30 años la duración máxima de estos contratos.

 

Estos decretos, logrados gracias a la movilización de miles de personas tras tragedias como el desahucio y la hospitalización de Maricarmen, de 87 años, y el suicidio de Olga en L’Hospitalet, no solo resultan insuficientes: también pueden servir para blanquear a un gobierno al servicio de la burguesía capitalista.

Ninguno de los dos ha sido aprobado por el Congreso de los diputados y ahora mismo Sánchez anunció el adelanto electoral.  Elecciones o no elecciones, mientras se mantenga la propiedad privada de las viviendas y los terrenos, la plusvalía seguirá siendo el principal motor del sistema, a costa de nuestra miseria.

Una política verdaderamente distinta exigiría un gobierno dispuesto a enfrentarse a los intereses de la burguesía, sin ceder ante la defensa de la propiedad privada. Solo un gobierno obrero, respaldado por la movilización de millones de personas, podría llevarla a cabo.

Ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni ninguna otra fuerza situada a su izquierda en el Parlamento serían capaces de atenuar los efectos devastadores de la crisis en general, ni los de la vivienda en particular. Ni siquiera tienen el valor de confiscar a los grandes bancos y empresas una parte mínima de sus beneficios para crear empleo, mejorar los salarios, las pensiones y las prestaciones, o construir las viviendas sociales necesarias para satisfacer la demanda.

Por ello, es imprescindible que las movilizaciones, acampadas y manifestaciones de todo tipo continúen hasta que nuestros intereses se impongan. Pero también es necesario que nuestros objetivos avancen hacia la toma de los medios de producción.