La reacción del presidente del Gobierno, tras el rechazo en el Congreso de los dos reales decretos sobre vivienda, no requirió cinco días de retiro para la reflexión: habrá elecciones el 29 de noviembre.

La vivienda lleva años situándose entre las principales preocupaciones de la clase trabajadora. Una parte cada vez mayor del salario se destina al pago del alquiler, a lo que se suman la pérdida de poder adquisitivo, la creciente precariedad laboral y un empobrecimiento cada vez más generalizado. Tras ocho años de gobiernos de coalición, Pedro Sánchez, sus socios dentro y fuera del Ejecutivo, así como la oposición, han demostrado que no están dispuestos a cuestionar los intereses del capital. La democracia parlamentaria burguesa no es sino una dictadura económica de la burguesía capitalista, lo que explica que sus intereses se defiendan con independencia de la composición del Parlamento.

Por ello, la disolución del Parlamento constituye, en realidad, una maniobra política: se espera que los nuevos comicios arrojen mejores resultados para el conjunto de la izquierda y permitan gobernar con mayor margen, aunque lejos de la mayoría absoluta. Sin embargo, incluso si ese escenario llegara a producirse —algo que dista mucho de estar garantizado—, poco cambiaría. La lógica del mercado y los intereses de la burguesía seguirán predominando en la economía del Estado, lo que implicará la subordinación de los intereses de la clase trabajadora.