La subida de los precios de la energía se repercute en toda la economía. Para protegernos de la inflación, debemos exigir no solo que los salarios, las pensiones y los subsidios aumenten hasta compensar la subida real de los precios, sino también que el salario mínimo no sea inferior a 1.800 euros.

Resulta insoportable escuchar al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, criticar la huelga general de un día convocada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas para este otoño. Afirma que se trata de una huelga política y que todo indica que es ilegal. Además, asegura que nunca se había convocado una huelga en periodo electoral: «Es que es descarado».

 

Lo verdaderamente descarado es la ofensiva que la patronal está librando contra la clase trabajadora, imponiendo condiciones laborales cada vez más precarias y salarios a la baja. Descarados son también los beneficios que obtienen las grandes multinacionales, en algunas de las cuales él mismo participa como accionista o consejero.

Sin mencionar que, en este sistema capitalista en crisis, donde la competencia es cada vez más feroz, las grandes empresas solo pueden proteger sus beneficios si el Estado les concede ayudas. Esto implica recortar los presupuestos destinados a hospitales, la Seguridad Social, las administraciones locales y otros servicios públicos.

 

 

Estas son las exigencias de la patronal, aunque los grandes medios las presenten como simples deseos expresados con deferencia por Garamendi, que solo se enfada cuando los gobiernos no cumplen. Los aranceles del 15% sobre los productos europeos exportados a Estados Unidos se utilizan para justificar estas demandas.

Naturalmente, esta situación se mantendrá con independencia del próximo Gobierno e incluso de la mayoría que surja de las urnas el 29 de noviembre, aunque quizá con más descaro si PP y Vox logran la mayoría absoluta.

Todos los diputados del Congreso, pertenezcan a una bancada u otra, defienden el orden social vigente: algunos lo hacen con mayor descaro y otros con más disimulo. Sin embargo, todos coinciden en la defensa de las instituciones y de la democracia burguesa; una democracia que, en realidad, constituye una dictadura económica ejercida por la patronal.

Todos los partidos manifiestan su preocupación por los problemas que afronta la patronal a causa de una crisis provocada por ella misma. Aunque no hayan gobernado conjuntamente ni constituido una mayoría de coalición, estos partidos se han alternado en el poder, y unos han completado las medidas iniciadas por otros.

Para que la democracia burguesa funcione sin sobresaltos y una nueva formación política pueda sustituir a otra desgastada por el ejercicio del poder, es necesario que los gobiernos dispongan de algunos logros que ofrecer a sus electores. Sin embargo, esto resulta cada vez más difícil.

La economía capitalista se encuentra en el mismo callejón sin salida que ya condujo a dos guerras mundiales. Los capitalistas necesitan encontrar constantemente nuevas vías de salida para sus capitales: deben reinvertir de forma incesante sus beneficios para generar otros nuevos. Quienes no lo logran quiebran o son absorbidos por empresas más grandes.

Las grandes compañías se han transformado en multinacionales capaces de producir mucho más de lo que puede absorber el mercado nacional del que proceden. Compiten en un mercado mundial que crece a un ritmo muy inferior al de su capacidad productiva. Esta rivalidad, cada vez más intensa y feroz, desemboca en guerras comerciales entre países competidores y, más adelante, en conflictos militares.