El Gobierno de Pedro Sánchez aspira a encarnar una izquierda capaz de combinar reformas sociales con la resistencia frente al avance de las corrientes reaccionarias. Medidas como la regularización de personas inmigrantes en situación irregular, el respaldo explícito a Palestina o la oposición a Trump contrastan con la posición de muchos otros gobiernos occidentales y con la del PP y Vox. Sin embargo, el reformismo del PSOE y de sus socios, tanto en el Gobierno como en la oposición, comparte la misma naturaleza que el de otros partidos que se autodefinen como socialdemócratas en el resto del mundo.

El PSOE llegó al Gobierno en 2018 tras dejar en minoría al Ejecutivo del PP, una derecha que encarnaba —y sigue encarnando— la herencia del franquismo y una enemistad declarada hacia los trabajadores. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy se aplicaron importantes recortes presupuestarios al gasto social, se atacaron de forma masiva los derechos laborales y se aprobaron leyes represivas, como la «ley mordaza», dirigida contra los movimientos sociales.

A su vez, el Gobierno de Rajoy tomó el relevo del de José Luis Rodríguez Zapatero, que ya había comenzado a trasladar a los trabajadores el coste de la crisis: elevó la edad de jubilación, suprimió ayudas sociales y aprobó una reforma laboral que facilitaba los despidos, entre otras medidas.

Durante la década de 2010 surgieron diversos movimientos sociales en respuesta a las consecuencias de la crisis y a las políticas antiobreras impulsadas tanto por la izquierda como por la derecha. Este ciclo de movilización alcanzó su punto culminante con el 15-M, en 2011. Durante meses, jóvenes y personas de todas las edades se reunieron en las principales plazas de las ciudades del país para cuestionar el funcionamiento de una sociedad al servicio de los ricos.

Unos años más tarde, una nueva fuerza política canalizó ese descontento hacia las urnas y popularizó el lema de Obama: «Sí, se puede». Podemos irrumpió en el panorama político español. Su entonces líder, Pablo Iglesias, defendía el rechazo al bipartidismo y hacía suyo el eslogan de las manifestaciones: «PSOE-PP, la misma m... es».

Aunque Podemos e Iglesias se presentaban como herederos de los movimientos de protesta, sostenían que el cambio debía llegar desde las instituciones, de la mano de una nueva clase política capaz de «hacer política de otra manera». Sin embargo, a medida que Podemos ganaba peso político, sus dirigentes ofrecían cada vez mayores garantías de responsabilidad a la burguesía, al tiempo que diluían su programa.

Tras no lograr el sorpasso al PSOE, el partido terminó convirtiéndose en la quinta rueda del carro del segundo Gobierno de Pedro Sánchez, entre 2020 y 2023. Más tarde, otra expresión de la izquierda radical, la plataforma «ciudadana» Sumar, ocupó ese espacio. Su líder, Yolanda Díaz, miembro del Partido Comunista, continúa siendo vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.

Podemos, Sumar y sus partidos satélites de la llamada izquierda radical han justificado siempre su presencia en el Gobierno con el argumento de que obligaban al PSOE a aplicar una política «verdaderamente de izquierdas». Sin embargo, en la práctica han asumido los ataques contra los trabajadores impuestos al Ejecutivo por una burguesía golpeada por la crisis de su propio sistema. Además, han contribuido a legitimarlos al permitir que los sucesivos gobiernos de coalición se presentaran como los más progresistas de la historia.

A lo largo de estos ocho años, los sucesivos gobiernos de Sánchez han aplicado medidas «sociales» de carácter progresista, siempre que no cuestionaran el parasitismo ni la voracidad de lucro de los capitalistas y, al mismo tiempo, contribuyeran a que los trabajadores aceptasen las consecuencias de la crisis. El gran mérito de Sánchez, a ojos de la burguesía, ha sido mantener este precario equilibrio… al menos hasta que el agravamiento de la crisis termine por hacerlo tambalearse.