La izquierda ha impulsado una amplia batería de medidas sociales, entre las que destaca la subida del salario mínimo. Este ha pasado de 735 euros brutos mensuales en 2018 a 1 221 euros brutos en 2026. A ello se suman la creación de una renta mínima vital durante la pandemia y ayudas al transporte y a la cultura destinadas a los jóvenes, entre otras iniciativas.

Sin embargo, la subida del salario mínimo no se ha traducido en un incremento proporcional del conjunto de los salarios. Su principal efecto ha sido elevar las retribuciones más bajas hasta situarlas en ese umbral. Según Hacienda, el 37 % de los trabajadores en España declara ingresos iguales o inferiores al salario mínimo anual, una situación vinculada al aumento del trabajo a tiempo parcial.

Bajo la presión de los movimientos feministas, que desde finales de la década de 2010 congregaron a millones de personas en las calles, se aprobó una legislación considerada entre las más progresistas del mundo. Estas movilizaciones cobraron especial fuerza tras el caso de «La Manada», una violación colectiva cometida en 2016 por un grupo de hombres. Dos años después, los agresores recibieron condenas leves porque la legislación vigente no calificó los hechos como violación: consideró que la víctima, que se encontraba ebria, no había sufrido violencia ni intimidación. La ley impulsada por Podemos pretende garantizar que, al menos en teoría, un veredicto de este tipo no vuelva a repetirse.

No obstante, estas políticas no han logrado frenar el deterioro de las condiciones sociales; por el contrario, lo han acompañado. En un contexto de incremento sostenido del coste de la vida, especialmente de la vivienda —un sector fuertemente condicionado por la especulación—, el salario mínimo resulta insuficiente para vivir dignamente. Esta situación es aún más grave en grandes ciudades como Madrid, donde, de media, el alquiler absorbe el 70 % del salario.

Aunque la tasa de desempleo haya descendido hasta niveles comparables a los anteriores a la crisis de 2008, muchos trabajadores se ven obligados a superar las 40 horas semanales o a compaginar varios empleos para obtener unos ingresos que apenas les permiten sobrevivir. Además, una gran parte de los puestos de trabajo creados son precarios. Un ejemplo claro es el sector de la hostelería y la restauración, donde numerosos trabajadores temporales padecen horarios fragmentados y salarios insuficientes.

Incluso en el terreno de las políticas «sociales», persisten las relaciones de dominación económica de la burguesía capitalista. Mientras se ponen en valor determinadas medidas simbólicas, los grandes grupos del Ibex 35 acumulan beneficios millonarios y baten récords año tras año.

El tan celebrado crecimiento económico español se sustenta, en buena medida, en los bajos salarios y en los efectos de reformas laborales heredadas de años anteriores, cuyos principios el Gobierno de Sánchez no ha cuestionado. A ello se añaden los miles de millones de euros de dinero público destinados a ayudas empresariales, bajo el pretexto de la crisis sanitaria o de la guerra. Estos recursos también han contribuido decisivamente a ese crecimiento, en detrimento de la educación y la sanidad, servicios cada vez más dañados.