La regularización de 500 000 personas indocumentadas, anunciada en abril de 2026, se ha presentado como una medida humanitaria de gran alcance. Es comprensible compartir el alivio de los miles de trabajadores y trabajadoras a quienes esta medida permitirá, al menos temporalmente, alquilar legalmente una habitación o una vivienda, dejar de temer a la policía y aspirar a obtener un contrato de trabajo que les permita salir adelante.

Sin embargo, se trata de una solución provisional. En la práctica, esta «regularización» se limita a conceder un permiso de trabajo de un año, cuya renovación dependerá de que se acredite haber cotizado a la Seguridad Social durante un número suficiente de meses.

Este permiso temporal ofrece a los empresarios un instrumento de presión permanente sobre estos trabajadores y trabajadoras: quienes no se muestren lo bastante sumisos corren el riesgo de volver a caer en la ilegalidad. Las organizaciones patronales han celebrado la medida porque, en un país con una población envejecida, necesitan mano de obra barata y temerosa de perderlo todo. Como consecuencia, estas personas seguirán estando a merced de cualquier cambio en la situación económica o política.

Si bien es cierto que, en una Europa donde se multiplican los discursos antiinmigrantes y racistas, esta medida supone un cambio de tono, el humanitarismo del Gobierno de Sánchez parece ser de geometría variable. La reacción del Ejecutivo ante la llegada a Ceuta, desde Marruecos, de decenas de miles de migrantes a finales de julio de 2026 fue reveladora. Las Fuerzas Armadas españolas fueron desplegadas de inmediato contra personas cuyo único «delito» era buscar una vida mejor. Para el Gobierno, la prioridad era defender «la integridad territorial española», prestando escasa atención a las 147 personas que murieron ahogadas al intentar superar las estructuras defensivas que España mantiene instaladas en Ceuta desde hace décadas.

En realidad, la política migratoria de Sánchez es tan cínica como la de sus homólogos europeos. A cambio de reconocer los derechos de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, Pedro Sánchez ha obtenido una estrecha colaboración de la policía marroquí en el control fronterizo y la devolución de migrantes. Además, su Gobierno financia en Mauritania la apertura de centros de detención destinados a recluir a quienes intentan llegar a Europa a través del archipiélago español de Canarias.