Tras el desgaste acumulado durante sus ocho años gobernando, Pedro Sánchez intenta presentarse de nuevo como un baluarte frente a la extrema derecha con vistas a las próximas elecciones. Sin embargo, confiar en él para frenar el avance de las ideas reaccionarias sería un error: ha sido precisamente bajo gobiernos de izquierda cuando estas posiciones han ganado más terreno.

De hecho, esta tendencia reaccionaria ya se refleja en los resultados electorales. Las últimas elecciones regionales, celebradas en otoño de 2025 en Extremadura y a comienzos de 2026 en Andalucía —una región tradicionalmente de izquierdas—, han confirmado la hegemonía del PP, derecha tradicional heredera del franquismo, así como el avance de Vox, el partido de extrema derecha surgido hace aproximadamente una década.

Vox reivindica de forma cada vez más abierta el legado franquista y adopta sin ambages un discurso xenófobo, antifeminista y ultranacionalista. Esta estrategia le ha permitido mejorar sus resultados electorales, que actualmente se sitúan en torno al 15 %. Con la mirada puesta en las próximas elecciones generales, ambos partidos se enzarzan en una escalada retórica que incluye la defensa de la memoria de los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura.

También proponen instaurar la preferencia nacional en el acceso a los servicios sociales y sanitarios, así como a la vivienda. En Ceuta, algunos de sus dirigentes han hecho gala de una xenofobia asesina al plantear, por ejemplo, retirar las cámaras individuales que los agentes de policía deben llevar consigo durante las intervenciones destinadas a expulsar a migrantes que permanecen en el enclave.

Estas ideas también se expresan a través del activismo de pequeños grupos que actúan de manera más abierta y desinhibida. En el verano de 2025, la agresión a una persona mayor en Torre-Pacheco, bastó para que militantes de extrema derecha acudieran en masa a esta zona para desatar una caza de inmigrantes y arremetieran contra todos aquellos que consideraban extranjeros.

En este contexto, a la izquierda no le resulta difícil presentarse como progresista; el programa de la derecha y la extrema derecha constituye una declaración de guerra contra los trabajadores y, en particular, contra los más explotados, los migrantes. Sin embargo, incluso en este ámbito, lo ocurrido en Ceuta en agosto pone de manifiesto los límites de los escasos principios progresistas de la izquierda.

Al permitir que la situación se deteriorara y el bloqueo de los migrantes a toda costa, el Gobierno ha propiciado la proliferación de discursos xenófobos, que se traducen en actos de odio y linchamientos colectivos.

Al hacer recaer sobre la clase trabajadora las consecuencias de la crisis, mientras lo acompaña de un puñado de medidas progresistas, el Gobierno de izquierdas se ha desacreditado ante una parte importante de ella. Día tras día esta constata el abismo que separa el optimismo exhibido por el Gobierno de las múltiples dificultades que afronta para trabajar y vivir.

Este Gobierno también ha contribuido a desmovilizar a la clase trabajadora. Durante años, la ministra de Trabajo y militante del Partido Comunista, Yolanda Díaz, ha defendido el llamado «diálogo social». Bajo su mandato, los sindicatos nunca habían tenido un acceso tan continúo a los gabinetes ministeriales. Sin embargo, mientras los grandes grupos empresariales multiplicaban sus beneficios, las condiciones laborales de los trabajadores empeoraban.

Cuando las plantillas de distintas empresas se han movilizado, a menudo se han encontrado con un Gobierno alineado con los intereses empresariales. Así sucedió durante la huelga de los metalúrgicos de Cádiz en 2021, enviando a la policía e incluso una tanqueta contra los manifestantes. Lo mismo ocurrió en la última huelga de Airbus cuando el Gobierno utilizó su influencia en la comisión de conciliación para forzar la vuelta al trabajo, amparándose en el argumento de que Airbus es una empresa «estratégica».