Sánchez ha mantenido una postura claramente diferenciada en el ámbito internacional respecto a las políticas bélicas y los conflictos armados. Ha criticado abiertamente la guerra de Israel en Gaza y fue uno de los primeros dirigentes europeos en reconocer al Estado de Palestina, pese a la firme oposición de Estados Unidos e Israel. Posteriormente, el Gobierno prohibió la venta de armas a Israel, cuestionó la intervención militar en Irán y rechazó la participación de España en Eurovisión junto a Israel, con el objetivo de reforzar una posición propia y situarse, como él mismo afirma, «del lado correcto de la Historia».

El pasado mes de abril, Pedro Sánchez organizó en Barcelona, en el marco de la Internacional Socialista —de la que es presidente—, un encuentro internacional de dirigentes y representantes afines. El objetivo declarado era proyectarse como un referente anti-Trump en el ámbito internacional y como una alternativa progresista frente al «movimiento reaccionario internacional» que, según él, representan Meloni, Trump y Netanyahu.

Al encuentro asistieron Gustavo Petro y Lula da Silva, junto con otros dirigentes latinoamericanos de distintos países de la región. La cita les sirvió para realizar grandes declaraciones en defensa de la paz mundial y la democracia, presentando a la ONU y a instituciones similares, así como al derecho internacional, al multilateralismo como la vía más adecuada para oponerse a las guerras de Trump y a sus consecuencias sobre los pueblos.

Es cierto que esto contrasta con la actitud de otros líderes europeos, incluidos los socialistas, que se arrodillan sin reservas ante Trump y Netanyahu. Aparentemente a pesar del clima político español y de los ataques sistemáticos por parte de los políticos de derecha y extrema derecha como sus serviles medios de comunicación, denunciar públicamente el genocidio que se está produciendo en Palestina y nombrar con claridad las masacres, no acarrea mayores dificultades políticas ni un coste electoral significativo a Sánchez. 

En realidad Sánchez tiene muy en cuenta a su electorado y la arraigada tradición pacifista de la izquierda española, especialmente sensible a las intervenciones militares exteriores. Tradición que se remonta a los años ochenta, cuando España ingresó en la OTAN y que cobró especial fuerza en 2003, cuando el Gobierno de Aznar se sumó a la coalición impulsada por Bush para invadir Irak bajo la falsa acusación de que el país poseía armas de destrucción provocando un amplio rechazo social. 

En aquel entonces, millones de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país al grito unánime de «¡No a la guerra!». Los manifestantes rechazaban de forma rotunda tanto la participación directa de España en el conflicto como la presencia de varias bases militares de la OTAN en territorio nacional, cuya eventual utilización para fines bélicos también cuestionaban abiertamente. Y precisamente son esas mismas bases las que Sánchez se niega ahora a poner a disposición del ejército estadounidense para su guerra contra Irán, pese a las presiones crecientes de sus aliados internacionales y a las exigencias planteadas desde Washington.

A menudo se presenta a Sánchez como uno de los defensores de la causa palestina. Sin embargo, el pueblo palestino no puede esperar de él una ayuda real. Su apoyo a Palestina se limita a declaraciones simbólicas que, aunque puedan resultar reconfortantes, no están exentas de hipocresía.

Si bien España ha cesado oficialmente sus exportaciones de armas a Israel, conviene no perder de vista los detalles. La industria armamentística está tan integrada a escala global que continúan existiendo colaboraciones entre empresas españolas e israelíes en el desarrollo de componentes, tecnologías armamentísticas y sistemas de vigilancia masiva. Además, muchos contratos militares ya firmados siguen ejecutándose al amparo del derecho burgués, que, desde luego, este no tiene mucho de simbólico.